GUATEMALA. FLOTANDO A LA DERIVA

La Comisión contra la Impunidad y la Corrupción en Guatemala (CICIG) ha develado importantes casos de corrupción del país que salpican a cuatro expresidentes y ha señalado a Jimmy Morales por financiamiento electoral ilícito. Durante los años 2014-2018 la CICIG junto con el Ministerio Público lograron desarticular 178 estructuras criminales.

 

Casos como “La Línea”, “Redes” “Traficantes de Influencias” y “Aceros de Guatemala” en los que se combinan la participación de superintendentes de la SAT y otros funcionarios, vinculados con actores económicos en hechos ilegales para obtener beneficios personales. De igual manera, el caso “Chico Dólar” demostró la participación del ex presidente del Banco de Guatemala, en la comisión del delito de tráfico de influencias, que benefició a miembros de una estructura criminal dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

 

También está el caso “Industria Militar “en el que fueron capturados 5 oficiales que habían sustraído más de 3 millones de dólares por ventas ilícitas de artículos de la industria militar durante los anos 2008-2011.

 

En el caso “Transurbano” dirigentes de la campaña presidencial de Manuel Baldizón sustrajeron del subsidio de seguridad del sistema de transporte público más de 10 millones de dólares para financiarle la campana electoral.

 

En 2015 la CICIG junto con el Ministerio Publico desmantelaron el caso La Línea, una red de fraude multimillonaria en las aduanas que estaba encabezada por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti quienes tuvieron que renunciar a sus cargos y están en prisión.

 

Este caso provocó marchas multitudinarias de protesta pidiendo la renuncia del presidente y la vicepresidente. Ella renunció el 8 de mayo de 2015 y él lo hizo el 2 de septiembre del mismo año.

 

El 20 de mayo de 2015, la CICIG y el Ministerio Público hicieron público un nuevo caso de corrupción, esta vez en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). En 2014 los miembros de la Junta Directiva del IGSS otorgaron los servicios de diálisis peritoneal a una droguería llamada PISA, S.A. a cambio de una comisión del 16% del monto total del contrato que ascendía a 15.5 millones de dólares. La empresa PISA no tenía la infraestructura adecuada para el tratamiento, había decenas de pacientes con peritonitis y más de diez fallecidos. En total se lograron la captura de 17 integrantes de la red de fraude.

 

A este caso siguió otro, conocido como el Caso Redes, un caso de corrupción descubierto el 9 de julio de 2015 y que involucró a las empresas energéticas Jaguar Energy y Zeta Gas y a ex funcionarios del gobierno del expresidente Otto Pérez Molina.

 

César Augusto Medina Farfán, exsecretario general del presidente fungió como operador en dos casos de corrupción, En el primero, negoció en el 2014 con el jefe de la SAT para que se le autorizara a Zeta Gas operar un depósito aduanero adjunto a Puerto El Quetzal a fin de recibir gas bajo el régimen de importación general sin tener que pagar la póliza de 5 millones de dólares, sino solamente 650 mil dólares. Por esta ayuda, Medina recibió una remuneración de 120,000 dólares. ​

 

Por este caso a Medina Farfán se le imputan los delitos de asociación ilícita, cohecho activo, tráfico de influencias y falsedad ideológica.

 

En el segundo caso, Medina Farfán, habló con su amigo personal, Gustavo Martínez Luna, yerno del presidente y secretario general de la Presidencia, para que incluyera en la agenda del presidente Pérez Molina una cita con ejecutivos de la empresa Jaguar Energy para tratar problemas de dicha empresa. La reunión con el presidente se llevó a cabo y fue vital para que se solucionaran los problemas de dicha empresa. Por esta ayuda Medina Farfán recibió 120 mil dólares.

 

Por este caso a Medina Farfán le imputaron los delitos de asociación ilícita, cohecho activo, tráfico de influencias y falsedad ideológica y para Martínez asociación ilícita y tráfico de influencias.

 

A mediados de enero de 2017 fueron capturados Sammy Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales, implicados en el caso Botín Registro de la Propiedad. El Ministerio Público y la CICIG descubrieron que entre el 5 de noviembre y el 9 de diciembre del 2013 hubo tres eventos en los que salieron de las arcas estatales un total de 35.826 dólares por dotaciones de alimentos y entrega de canastas navideñas a empleados de una institución del Estado que nunca se llevaron a cabo

 

Hacia finales de abril del 2018, en la víspera del inesperado fallecimiento de Álvaro Arzú Irigoyen, alcalde de la Ciudad de Guatemala, en el ambiente político nacional se había instalado una sensación de que en el país estaba por ocurrir un encontronazo decisivo entre el polo conservador, y la coalición de quienes tomaron la bandera de la lucha contra la impunidad y la corrupción.

 

Pero el deceso de Arzú estableció una especie de tregua en esa aguda pugna, e hizo pensar que el impacto de su muerte trastocaría la estrategia del sector conservador que él encabezaba, conocido como “pacto de corruptos”.

 

Pero esa especie de tregua fue rota por una manifestación de locatarios del mercado La Terminal, partidarios del presidente Jimmy Morales, efectuada el 2 de mayo, y a quienes el presidente dirigió una arenga en la que sacó a relucir su enfado en contra de la CICIG y su titular, Iván Velásquez.

 

En el campo opuesto, mientras tanto, el tiempo se agotaba. Llegaba a su término el período legal de Thelma Aldana como Fiscal General y jefa del Ministerio Público. Pero la gran aliada de Velásquez no se iría por la puerta de atrás: el 15 de mayo junto con el comisionado, presentó públicamente una nueva fase de la investigación de financiamiento electoral ilícito recibido por el oficialista partido FCN-Nación., el cual alcanzaría al presidente Morales.

 

La apuesta gubernamental más fuerte fue la carta israelí: en un acto de bochornosa sumisión a la línea dominante en Washington, el gobierno de Guatemala concretó, el 16 de mayo, el traslado de su embajada de Tel Aviv a Jerusalén.

 

El jueves 24 de agosto de 2017, la CICG y el Ministerio Público realizaron una conferencia de prensa para informar de un proceso penal contra los partidos UNE y Líder, y las solicitudes de antejuicio contra los secretarios generales de esas agrupaciones políticas por financiamiento electoral ilícito.

 

Ese día, mientras Jimmy Morales se encontraba en la sede de la ONU y se rumoraba que era para pedir la remoción de Iván Velásquez, el MP no dijo nada del caso contra FCN Nación, pero al día siguiente anunció un proceso contra el partido oficial y antejuicio contra el mandatario, en tanto que secretario general del partido.

 

El domingo 27 de agosto de 2017 a las 6:00 de la mañana los guatemaltecos se despertaron con el anuncio por parte del presidente que declaraba non grato al comisionado y anunciaba su expulsión del país; pero su salida no se concretó luego de una decisión de la Corte de Constitucionalidad, que anuló la declaratoria del presidente.

 

El viernes 31 de agosto de 2018 en una conferencia de prensa ofrecida en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente Jimmy Morales anunció que había notificado oficialmente al Secretario General de la ONU la no renovación del mandato de la CICIG. El mandato de la CICIG termina el 3 d septiembre de 2019.

 

El sábado 1 de septiembre el Comisionado Iván Velásquez salió hacia Washington, D.C. para una agenda de trabajo y el martes 4 el presidente Morales comunica que ha girado órdenes a las autoridades de Migración para que impidan su ingreso al país y que le ha dado 48 horas de plazo al Secretario General de la ONU para que le presente una lista de posibles sustitutos del Comisionado.

 

El domingo 16 de septiembre los magistrados de la Corte de Constitucionalidad otorgaron un amparo que ordena al Ejecutivo permitir el ingreso al país del Comisionado Velásquez.

 

El lunes 17 de septiembre el Ministro de Gobernación anunció que no se dejará ingresar al país al Comisionado, pese al fallo de la Corte de Constitucionalidad.

 

El miércoles 19 de septiembre en una carta enviada al presidente Morales, el Secretario General de la ONU le responde que no encuentra razón para retirarle la confianza a Iván Velásquez y que le ha pedido que siga dirigiendo la CICIG desde fuera y nombre un subcomisionado adjunto para que trabaje desde dentro.

 

El jueves 20 de septiembre miles de guatemaltecos marcharon en la Ciudad de Guatemala para pedir la renuncia del presidente Jimmy Morales y para expresar su respaldo a la CICIG. Similares protestas se realizaron en la mayoría de las cabeceras departamentales del país.

 

El lunes 15 de octubre la CICIG recibió dos notas de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores en las que se les informa que se revocan las visas de cortesía a tres funcionarios y se deroga la emisión de visas a ocho funcionarios y dos de sus familiares, sin informar las razones. Estos funcionarios han estado a la cabeza de las investigaciones de los casos de corrupción de mas impacto.

 

El martes 25 de septiembre Jimmy Morales se dirigió a la 73 Asamblea de la ONU donde dijo que la CICIG es una amenaza para la paz en Guatemala y cuestiono la indiferencia y pasividad del Secretario General de la ONU respecto a las preocupaciones que el le ha planteado sobre dicha Comisión. Y pide que se nombre de manera conjunta a un nuevo comisionado.

 

El miércoles 3 de octubre Jimmy Morales, en una entrevista con una cadena radial guatemalteca dijo que su gobierno en conjunto con el Secretario General de la ONU ya está buscando al sustituto de Iván Velásquez; sin embargo, Florencia Soto, vocera de Guterres, lo desmintió ante la cadena mundial CNN afirmando que Iván Velásquez sigue siendo el Comisionado de la CICIG y que se esta buscando a una subcomisionada.as

 

La CICIG recibió el 15 de octubre dos notas con fecha 11 de octubre por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores en las cuales se le informa que se revocan las visas de cortesía otorgadas y vigentes actualmente a tres funcionarios de la Comisión y se deroga la emisión de visas a ocho funcionarios y dos de sus familiares, sin informarles el motivo. Estos funcionarios son los que habían estado a la cabeza en las investigaciones de los casos de corrupción de mayor impacto en el país.

 

El pleno del Congreso aprobó el jueves 18 de octubre de 2018 las reformas del Código Penal que habla sobre el financiamiento electoral ilícito, quitándole la responsabilidad directa al secretario general de los partidos políticos sobre los aportes ilícitos y los no reportados. Con estas reformas se beneficiaron directamente el presidente Jimmy Morales y diputados como Orlando Blanco,  Nineth Montenegro y Roberto Villate contra quienes había solicitud de antejuicio por financiamiento electoral ilícito.