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GUATEMALA, COYUNTURA 2017

2017-10-05_16x18La coyuntura de Guatemala se caracteriza por su permanente crisis producto del modelo económico que permite, por un lado, la apropiación de la fuerza de trabajo de su población y de los bienes naturales del país y, por otro lado, la incapacidad del estado de impedir esta explotación de su gente y la recuperación de la naturaleza, dando como resultado niveles cada vez más altos de pobreza y de degradación del medio ambiente.

Por otro lado hay una crisis social debido a que el Estado ha ido reduciendo su presupuesto y no tiene financiamiento suficiente para hacerle frente a las crecientes necesidades de la población agravadas por los bajos ingresos y el deterioro en la calidad de vida.

Pero la coyuntura de Guatemala en el 2017 está marcada sobre todo por el trabajo de la CICIG y del Ministerio Publico.

ANTECEDENTES DE LA CICIG

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG), es producto de los Acuerdos de Paz, firmados en 1996, en el que se determina combatir los aparatos clandestinos de seguridad, que se habían convertido en grupos delincuenciales y se mantenían impunes.

Sin embargo, para el año 2000 no se había avanzado en el combate a la impunidad. Las organizaciones de derechos humanos presionaron para que se contara con el apoyo de Naciones Unidas para combatirla. Las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala firmaron el Acuerdo relativo a la creación de la CICIG, el 12 de diciembre de 2006.

Durante los primeros años de su funcionamiento, la CICIG se dedicó a fortalecer la Unidad de Análisis del Ministerio Público, para entender cómo funcionan las redes criminales y lograr su desarticulación. También se dedicó a apoyar la transformación del sistema de justicia a fin de hacerlo más efectivo en las investigaciones y en el esclarecimiento de los casos graves.

Después la CICIG se dedicó a investigar a los militares que hasta entonces habían gozado de total impunidad. Así tenemos que, además, de 14 oficiales presos por graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra interna, hay unos 50 altos jefes militares en prisión por diversos casos de corrupción y crimen organizado.

Gracias al trabajo de la CICIG y del Ministerio Público, hay también más de 300 personas acusadas de distintos casos de corrupción y unos 100 prófugos por esos mismos casos.

A inicios de septiembre de 2016 a raíz de investigaciones realizadas por la CICIG y el Ministerio Publico, José Manuel Morales, hijo del Presidente, y Samuel Morales, hermano del Presidente, fueron llevados a los tribunales por casos de corrupción.

El 25 de Agosto, el partido FCN-Nación, que es el partido de gobierno, es acusado de financiamiento electoral ilícito, cuando Jimmy Morales era su secretario general. El Ministerio Publico y la CICIG piden que se levante la inmunidad para poder investigar al presidente.

El 26 de agosto se generan fuertes rumores de que el presidente Jimmy Morales intentará expulsar del país a Iván Velásquez. El mismo día, se realiza una manifestación en apoyo a Iván Velásquez y Thelma Aldana que culmina en el parque central, al mismo tiempo que se desarrolla ahí un concierto evangélico en apoyo al presidente.

El domingo 27 de Agosto a las 6:00 a.m., Jimmy Morales transmite por los medios de comunicación un mensaje declarando non grato a Iván Velásquez y destituye al Canciller por oponerse a esa decisión. Pero ese mismo día, la Corte de Constitucionalidad suspende la medida presidencial.

El 13 de septiembre la mayoría de diputados (107 de 158) realizaron dos modificaciones al código penal. Una que permitía exculpar al presidente de la acusación de financiamiento electoral ilícito y otra que pudieran salir libres la mayoría de acusados por casos de corrupción.

Es en ese momento que sale a luz el “Pacto de la Corrupción e Impunidad”. Al cual, además del Presidente y la mayoría de diputados, se han sumado los presos por corrupción, los veteranos militares, los narco ganaderos, algunas iglesias evangélicas, los alcaldes municipales, magistrados y jueces corruptos.
Ese pacto busca lograr la salida de sus puestos de Iván Velásquez y Thelma Aldana, con el fin de detener la persecución y lograr la liberación de los corruptos que se encuentran detenidos.

El 14 de septiembre se realizan en todo el país manifestaciones en contra de las decisiones del Congreso. El 15 de septiembre miles de personas cercan el Congreso durante horas en protesta por el “Pacto de los Corruptos”. Ese mismo día, en reunión extraordinaria, los diputados, ante la presión de las marchas, anularon la decisión que habían tomado dos días antes, de modificar el código penal

El 20 de septiembre miles de guatemaltecos participaron en marchas y concentraciones en todo el país en apoyo del Paro Nacional, para reclamar la renuncia de los diputados que votaron en favor de las reformas al Código Penal, del presidente Jimmy Morales y reformas a la Ley Electoral y de los Partidos Políticos.

AHORA MIREMOS LA REALIDAD DE LA MIGRACION EN GUATEMALA

Guatemala es un país de salida, transito, destino y retorno. Es el “corredor” centroamericano” hacia México y Estados Unidos. Los guatemaltecos en Estados Unidos en situación irregular superan el millón. Cada año pasan por Guatemala 400 mil migrantes de diversas nacionalidades.

En 2016 el número de centroamericanos deportados de Estados Unidos fue de 120 mil y el de los deportados de México fue de 87 mil; sin embargo en el 2016 el número de los deportados de Estados unidos bajo a 75 mil y el de México subió a 165 mil deportados. Esto nos da una idea del papel que está jugando México como gendarme de la frontera de Estados Unidos.

Sin embargo la gente no deja de intentar llegar a Estados Unidos empujada por la pobreza y la inseguridad de sus países. El número de niños y adolescentes no acompañados que emigra tampoco se detiene.

Ante esta realidad, la Iglesia no se ha quedado de brazos cruzados y ha puesto en funcionamiento una red de casas del migrante.
LA RED DE LAS CASAS DEL MIGRANTE EN GUATEMALA

En Guatemala existen 12 Casas del Migrante en las que se acogen a migrantes de cualquier nacionalidad de tránsito por Guatemala, para llegar a Estados Unidos o para regresar a su país de origen. También se acogen a los guatemaltecos que son deportados y que no pueden llegar inmediatamente a sus lugares de origen.

Estas casas ofrecen a todos los migrantes hospedajes, alimentación, acceso a duchas, ropa limpia, y la opción de lavar la ropa que llevan puesta, artículos de higiene personal, medicinas para curaciones y dolencias sencillas. Pueden hacer una llamada breve si necesitan comunicarse con un familiar.

También reciben orientación sobre los peligros que acechan a los migrantes en México, desde actos de vandalismo, delincuencia y crimen (asaltos, golpizas, abuso y agresiones sexuales), hasta ataques del crimen organizado como extorsión, secuestro, y trata de personas, y sobre cómo protegerse de los criminales y de enfermedades de transmisión sexual. Se recibe a los migrantes entre las 7:00 a.m. y las 10:00 p.m.

Los migrantes que se desplazan rumbo a México, pueden hospedarse en la Casa del Migrante por un máximo de tres noches. Los Migrantes que necesitan regularizar su situación migratoria para permanecer en Guatemala, temporalmente o a largo plazo, puede pernoctar en la Casa del Migrante de la Ciudad de Guatemala hasta por dos semanas.

Cada migrante debe registrarse. Se le toma una fotografía y datos personales. Este registro sirve en caso de que su familia haya perdido su rastro y acuda a la casa del migrante para saber sí se hospedó ahí.

Si fue víctima de abuso de las autoridades, la delincuencia o el crimen organizado, también puede denunciarlo anónimamente si así lo desea.

Hay algo que se está haciendo en Guatemala en favor de los migrantes, pero todavía queda mucho que hacer. MANOS A LA OBRA.

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Penurias de los haitianos en Chile

Por Arnaldo Pérez Guerra, Punto Final

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Abuso laboral, hacinamiento en las viviendas, dificultades en el acceso a educación y salud son el pan de cada día para la mayoría de los migrantes haitianos en Chile.  también enfrentan prejuicios, clasismo y racismo. El idioma es una barrera casi infranqueable. Los inescrupulosos abusan de ellos, les roban y estafan. Incluso les venden “contratos falsos” para conseguir papeles. Al menos dos haitianos han muerto de frío en Santiago: Joseph Polycart -quien falleció después de haber sido echado dos veces de un hospital sin que lo atendieran-, y Benito Lalane -quien murió de hipotermia en una precaria pieza donde dormía-.

Hay cuatro cuerpos de haitianos en el Servicio Médico Legal (SML) sin que nadie los reclame.

Emmanuel Cimeus, periodista, vive hace cinco años en Chile, conversó con Punto Final sobre la situación que enfrenta su comunidad: “Muchos han sido víctimas de violencia xenófoba, racismo. Lamentablemente estamos en una sociedad que aún tiene miedo a lo desconocido. No quieren aceptar al otro como legítimo.

La discriminación por el color de la piel es fruto de poca educación. Como dice Karl Marx ‘se necesita otra educación para otra sociedad; y otra sociedad para otra educación’. Es un trabajo que todavía no ha hecho el Estado. La discriminación está muy presente, sobre todo para quienes somos afrodescendientes y de países pobres”.

Emmanuel Cimeus, es secretario de la Organización Socio Cultural de los Haitianos en Chile (Oschec). Señala que “adaptarse a una cultura ajena es difícil. Muchos piensan que la vida será mejor, pero la realidad es distinta. En Chile no han logrado instalarse, ni estudiar o trabajar en lo suyo. Porcentaje importante son profesionales y están trabajando en ferias o vendiendo en la calle, o de jardineros y basureros. Cuando llegué a Chile trabajé de temporero, recogiendo la cosecha, viví la pobreza más dura del campo chileno”.

Según Pablo Valenzuela, director regional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), en Chile hay racismo contra la migración afrodescendiente: “Su presencia más notoria ha despertado una fuerte xenofobia de los chilenos… No sintoniza el proyecto migratorio de los haitianos con nuestra realidad neoliberal, que los vuelve primero sujetos de crédito que de derechos”, dice.

CHILE, UNA “MARAVILLA”

Migración haitiana hacia el sur andino , investigación del Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo (Obimid, 2017), indica que “se detecta un aumento sostenido de arribo de migrantes haitianos, y desde 2012 se habría duplicado año tras año.

La Policía de Investigaciones (PDI) señala que entre 2013 y junio de 2016, ingresaron 41.065 haitianos. No se dispone del número exacto viviendo en Chile. Si antes era rechazado y reembarcado uno de cada diez que llegaban a un control fronterizo como turistas, la proporción pasó a ser 1 de cada 2. “Desde 2012 se identifica la imposición de una institucionalidad migratoria informal para la población haitiana, a la cual se le comienza a exigir, sin estipularse oficialmente, una carta de invitación y 1.000 dólares a la hora de ingresar”, agrega la investigación.

La mayoría de los haitianos en Chile queda relegado a salarios que rondan el sueldo mínimo, en servicios, construcción, aseo y trabajos informales. Haitianos de Gonaïves hoy viven en Estación Central, y los de Puerto Príncipe, en Quilicura. ¿Por qué vienen a Chile? Haití se encuentra en el lugar 163° del Indice de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Su esperanza de vida no supera los 63 años y más de la mitad vive en condición de pobreza. Chile les parece una maravilla… y no tan racista como República Dominicana.

“Por el momento sí, yo trabajo. Pero no estoy contento, porque en Haití estudiaba administración y ciencias jurídicas también. Y ahora estoy trabajando como ‘bombero’, en una estación bencinera. Es muy difícil, porque soy informático, periodista, administrador… Esa es mi experiencia en Haití, incluso trabajé como contador en una escuela”, explica un joven de 26 años, oriundo de Gonaïves. “No me gusta donde vivo -agrega una madre de 28 años, nacida en Cabo Haitiano-. Vivía en una casa muy bonita, con mi propia pieza, normal. Pero aquí no, ¡es una vida de mierda! No me gusta, no estoy acostumbrada a vivir en una pieza así de chica, sin aire. Hay un solo baño para la gente. Siempre hay que hacer fila… Y una sola ducha, siempre hay que esperar. A la niña la baño en la pieza. No hay agua caliente”.

Antes de arribar a Chile, consiguen cartas de invitación con familiares o conocidos o las compran desde 250 dólares. Para financiar el viaje muchos reciben préstamos, llegando a nuestro país con una fuerte deuda, que los expone a posibles redes de tráfico de migrantes y trata. Y apenas pisan suelo chileno, no parece ser del todo seguro: sufren el robo de pertenencias en terminales y estaciones, y están más expuestos a estafas y engaños de todo tipo. En septiembre del año pasado, Carabineros desarticuló una banda de delincuentes que mediante un falso servicio de taxis en el aeropuerto engañaba y asaltaba haitianos. Y casos similares siguen ocurriendo.

“La barrera idiomática los convierte en potenciales víctimas de engaño. Esto les dificulta el acceso a servicios, la correcta realización de trámites para gestionar sus visados, para la obtención de un contrato de trabajo e incluso para hacer valer sus derechos humanos y laborales. Por otra parte, la distancia cultural y racial los transforma en objetivo de distintas vejaciones, discriminación y violencia racista (…) No parecen contar con suficiente información acerca del mercado laboral chileno, y muchas veces apoyados por algún amigo o contacto terminan en trabajos no calificados que la comunidad haitiana comienza a hacer propios, como el lavado de autos, la carga en mercados (como la Feria de Lo Valledor) o la atención en gasolineras en el caso de los hombres, mientras en gran medida las mujeres comienzan a ser asociadas al trabajo doméstico y el aseo.

Los migrantes haitianos son conscientes de la precariedad de sus trabajos, y dicen sufrir por las condiciones adversas que les toca enfrentar (…) Suelen vivir hacinados, compartiendo habitaciones y baños con una cantidad importantes de personas (llegando en algunos casos a superar las cinco personas por habitación) que, si bien en su mayoría son connacionales, eran hasta entonces desconocidos para ellos (…) Una de las principales quejas se relaciona con la inseguridad y la delincuencia en los barrios periféricos que habitan, donde han sufrido asaltos y robos. Los haitianos parecen particularmente expuestos a los abusos y a la delincuencia, y esta inseguridad se torna permanente”, señala Migración haitiana hacia el sur andino.

XENOFOBIA, LA VERDADERA LEPRA

Un haitiano que vive en Quilicura expresa: “En el último trabajo tuve una dificultad en el salario. No me querían pagar. Eso fue también por la comunicación, porque todavía no hablo bien español. Después me di cuenta que fue por la discriminación, razón por la cual lo dejé. Me hacían trabajar mucho más que a los chilenos”. Una mujer de 36 años, natural de Léogâne, agrega: “Estación Central es un barrio peligroso, estábamos en la puerta de la parroquia y hubo un asalto. A mí me asaltaron también. Mucha droga, una no puede salir de su trabajo, te asaltan con cuchillos, hay mucha violencia. La gente tiene el pensamiento que puede hacer lo que quieran con nosotros”.

Muchos abusos ocurren en los arriendos de habitaciones: en las condiciones contractuales, precios exagerados y malos servicios. El difícil acceso a vivienda los empuja a aceptar arriendos informales, precarios.

Otro problema es el acceso a educación. Quienes arriban a Chile con la idea de continuar estudios y cursar posgrados, encuentran muchas trabas. El sistema les niega la posibilidad de convalidar estudios. A estudiantes universitarios que pudieran homologar años en carreras universitarias incompletas y trabajar y estudiar a la vez, el Ministerio de Educación les exige la licencia de educación media, que los hace retroceder, por ejemplo, de tercer año de la carrera de derecho a la enseñanza media chilena. Además de esta valla burocrática, la idea de estudiar y trabajar se diluye por los onerosos aranceles y las extensas y mal pagadas jornadas laborales.

Incluso la reciente reforma a la educación superior, que instauró la gratuidad para el 50% más pobre, exige contar con residencia definitiva, lo que impide que gran parte de los migrantes accedan a ella. La expectativa de desarrollo académico se estrella con una realidad más adversa de lo que imaginaron.

Yvenet Dorsainvil, vocero de la Plataforma de Organizaciones Haitianas (POH), y vicepresidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, señala que los migrantes haitianos enfrentan una ola de violencia verbal de la sociedad chilena: “Los discursos discriminatorios no se han instalados de un día para otro, no son producto del flujo migratorio proveniente de Haití en los últimos años. Estamos lejos de ser los más numerosos. Estas reacciones xenófobas y discriminatorias son resultado de campañas mediáticas, noticias e informaciones que la sociedad chilena viene absorbiendo desde hace mucho tiempo. No es suficiente decir no a la discriminación. Lo que necesitamos es reconstruir la mentalidad de una sociedad que es víctima igual que nosotros.

La ministra de Salud dijo que todos los años descubren enfermos de lepra. Hoy es tema porque el afectado fue un haitiano”, dice.

EL LARGO VIAJE A LO DESCONOCIDO

Milo Milfort, periodista haitiano, dice a Punto Final, desde Puerto Príncipe, que cada vez más jóvenes quieren salir de Haití por la situación socioeconómica que no cesa de empeorar: “La pobreza y la miseria se han acentuado. Desde 2016, Chile se está convirtiendo en el segundo destino de la migración haitiana, después de República Dominicana. Ya destronó a Brasil donde vive una importante comunidad haitiana”.

Según Milfort viajar a Chile cuesta alrededor de 3.000 dólares: se requieren entre 1.000 y 1.500 dólares para pagar gastos de alquiler de una habitación, transporte, alimentación y llamadas telefónicas una vez que arriban; el pasaje de avión desde República Dominicana cuesta alrededor de 1.200 dólares, y a eso se agrega el costo de la visa dominicana, pasajes en bus y gastos menores. “Se requiere enorme esfuerzo para conseguir ese dinero. Algunos contraen deudas, otros liquidan sus bienes, lo que llaman el ‘último sacrificio’, o recurren a allegados que viven en Estados Unidos para financiar el viaje. No obstante, podría costar más teniendo en cuenta a ‘intermediarios’ que lo planifican desde Chile y exigen más dinero…

Abusan a partir del hecho que el migrante haitiano ignora la realidad, corriendo el riesgo de ser estafado”, agrega.

En marzo, en visita a Haití, la presidenta Michelle Bachelet y el presidente haitiano Jovenel Moïse tocaron el tema de la migración y firmaron un “Acuerdo bilateral para la compatibilidad o equivalencia y el reconocimiento de estudios de ciclos de educación básica o fundamental y de educación media o secundaria”. Pero problemas más graves como la creación de un visado consular de turismo -restricción burocrática que solo generará mayores irregularidades migratorias-, o el aumento de haitianos en situación irregular en Chile, no fueron tratados.

De acuerdo con Milo Milfort para muchos haitianos en Chile sus condiciones de vida han cambiado: “Pudieron encontrar trabajo y mandan dinero para sus seres queridos. Muchos haitianos morirían de hambre si no hubieran tenido uno o varios familiares en el extranjero. Las remesas de dinero contribuyen a dinamizar la economía haitiana. Pero durante la visita de Michelle Bachelet, no se habló de la legalización de los haitianos en Chile, que corren los enormes riesgos de la trata y tráfico de personas”.

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 884, 15 de septiembre 2017.

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MÉXICO. Con peras y manzanas: la corrupción tras el temblor

Mañana se cumplen dos semanas del temblor del 19 de septiembre. Un temblor en el que, ahora se sabe, decenas murieron y centenares fueron evacuados porque las construcciones en las que vivían o trabajaban se vinieron abajo cuando no debían.

Esto, comienzan a mostrar las investigaciones, se debe a que la corrupción y la falta de vigilancia en las construcciones permitió todo tipo de irregularidades.

Ningún caso es más claro que el del Colegio Enrique Rébsamen, en Tlalpan, donde 19 niños y ocho adultos murieron tras el colapso de un edificio administrativo construido y modificado de manera ilegal durante años.

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Pero hay muchos otros que han ido saliendo a la luz, y muchos más que aparecerán en los próximos días y semanas. La Ciudad de México, que durante las últimas dos décadas ha tenido un boom inmobiliario –y su equivalente en autoconstrucción, por la falta de vivienda de bajo costo para personas de escasos ingresos–, crece de manera desmedida y sin control alguno de las autoridades.

En Iztapalapa por años la urbanización libre –a falta de ayuda y control gubernamental– ha llevado a la escasez diaria de agua en la delegación más poblada de la capital. En la Condesa/Roma y en la Del Valle, colonias donde cada día se construyen nuevas estructuras, no se respeta ninguna ley local, al grado extremo de que en Avenida Nuevo León, por ejemplo, alguien pudo construir, sin papel alguno, un helipuerto con toda tranquilidad, y que con el temblor dañó los dos edificios colindantes e hizo que al menos medio centenar de familias se quedara sin casa.

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O el edificio de departamentos en la calle de Bretaña 90 en la colonia Zacahuitzco, que resultó ser una casa maquillada y vendida como edificio, cuando en realidad era una construcción de hace más de 50 años que no estaba en condición alguna para soportar un temblor.

Y, sin duda alguna, lo que sucedió en el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México, donde cinco estudiantes murieron. Aquí la universidad pretendió actuar  como única autoridad en el asunto, al punto de cerrarle el acceso a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, la autoridad competente, durante días. La PGJ logró entrar semana y media después del temblor al campus, cuando debió de haber estado ahí desde que se supo que había muertos a causa del sismo.

Autoridades que permiten construcciones que no deben existir, y que cuando quieren revisar los efectos de su mal trabajo, ni siquiera pueden porque los privados no los respetan ni a ellos ni a la ley, ya que no existe consecuencia alguna de ignorarla.

En estos casos vemos lo mismo, un gobierno rebasado en todos niveles. En prevención, en supervisión y en investigación. Esto no sólo a nivel ciudad, sino a nivel delegacional. Estas construcciones cuentan, en el menos grave de los casos –que igual lo es– con autorización tácita de funcionarios. En el peor, con corrupción abierta avalada por los gobiernos.

En el helipuerto de Nuevo León los sellos de clausura –y esto lo puede ver cualquiera que pase por ahí–, están colocados de tal manera que en realidad no clausuran nada. Las puertas se pueden abrir y cerrar sin problema. Si no fuera por el riesgo de colapso inminente, la construcción, con su helipuerto ilegal, seguiría dando servicio como si nada.

En el colegio Enrique Rébsamen la directora pudo construir una casa con todos los permisos o arreglos necesarios, porque al igual que en el edificio del helipuerto, los sellos de clausura sólo servían de adorno.

En Bretaña 90, que se encontraba en proceso de venta de departamentos cuando se desplomó, simplemente no existía documento alguno. Pasó de casa a edificio sin que la autoridad supiera que esto había ocurrido.

Claro que el problema no termina ahí, puesto que estos son casos que salen a la luz tras el temblor. Pero, valga la obviedad, el centro del país es zona de temblores. Nuestros propios sismólogos nos advierten: dadas las fallas geológicas en el subsuelo del estado de Guerrero, hay que estar siempre preparados ante la posibilidad de un terremoto igual o de mayor magnitud que el de este último 19 de septiembre.

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Es obvio que no lo estamos. Al menos no en cuanto a funcionarios o instituciones se refiere. La respuesta tras estas catástrofes –prevenibles en su mayoría– ha sido, si somos amables, deficiente. La Seduvi (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda)ha dicho que su sistema se encuentra dañado tras el temblor. Por ello, no es posible tener acceso ni siquiera al padrón de Directores Responsables de Obra (DROs), los encargados de certificar que una construcción cuente con las medidas de seguridad necesarias. (Para poder consultar este listado, es necesario hacerlo a través de sitios de noticias que han obtenido la información por su parte, como Buzzfeed News.)

El Atlas de Riesgo de la ciudad, que es exactamente lo que su nombre describe, no es público. 113 ciudadanos han pedido conocer su contenido a través de transparencia, y la autoridad les ha negado la petición.

Ni siquiera existe un padrón público de los edificios que el Jefe de Gobierno anuncia como revisados día con día. Sólo da cifras y categorías de daños. Pero ningún ciudadano sabe –al menos que viva ahí– qué edificio tiene qué nivel de daño y por qué. Si puede seguir viviendo junto a una construcción inspeccionada o no. Si puede ir a un café, un cine o cualquier lugar donde pasar el tiempo libre sin riesgo de que algo suceda. (Eso sin contar el riesgo de ser asaltado, pero ése es otro asunto.)

Lo único que puede ver uno, al caminar por las calles, son tiras de diversos colores, que señalan zonas donde ocurrió algo. Amarillas si se cayó material. Naranjas/rojas si sucedió algo más grave. ¿Qué tan grave? Ni idea.

Ésta es la consecuencia de ver la ciudad sólo como un negocio y no como lo que es en realidad, un lugar donde viven personas. Por citar otro ejemplo, es lo que sucedió con el edificio de la Colonia Portales, que fue anunciado como punta de lanza en construcción inteligente, y cuyo diseño, se sabe tras peritajes, estaba mal hecho, y cuyos materiales, también se sabe, no cumplían con requisitos mínimos para soportar un temblor como el de hace dos semanas.

Los intereses económicos por encima de los de los ciudadanos es lo que tenemos hoy, junto con una autoridad rebasada y cómplice en estos derrumbes. Más cuando un temblor, que, aunque grave, pudo haber tenido muchas menos pérdidas que las que hoy sufrimos.

En redes circula la frase “la corrupción mata”, y es cierto. Mata y seguirá matando indefinidamente, porque en esta ciudad no va a dejar de temblar. Pero sí se pueden disminuir sus efectos si se respetan los códigos de construcción y las autoridades hacen el trabajo que deben hacer.

Cosa que, en la reacción al temblor, no hemos visto ni un poco. Lo único que ha sucedido es que (la mayoría de) los políticos y funcionarios que aspiran a otro cargo han intentado taparse las espaldas para que el temblor no afecte lo que les importa, sus carreras.

Por eso es que la hija de la directora del Colegio Enrique Rébsamen pudo entrar a la construcción tras el derrumbe y recoger sus pertenencias con toda calma, mientras declaraba que “De menos no perdimos todo”.

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Con un objetivo común y un grito unánime, Guatemala pide la renuncia de Jimmy Morales y 107 diputados

2017-10-05_1617La plaza de la Constitución es escenario este miércoles de una masiva movilización de ciudadanos que exigen la renuncia del presidente Jimmy Morales y de los diputados al Congreso que aprobaron las reformas al Código Penal.

Desde horas de la madrugada, las personas iniciaron a concentrarse en diferentes puntos de la ciudad capital.

Las caminatas salieron desde El Periférico, El Trébol, la ruta al Atlántico, la plaza El Obelisco y las diferentes universidades del país, todas con dirección a la zona 1 capitalina.

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Los manifestantes hicieron paradas frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Congreso de la República y posteriormente se dirigieron a la plaza de la Constitución.

Todos a la plaza

La movilización fue convocada por la Asociación de Estudiantes universitarios (AEU), de la Universidad de San Carlos (Usac), y poco a poco se fueron sumando distintas organizaciones indígenas, campesinas, sociales, otras universidades e incluso comercios que dejaron de atender este día para apoyar el denominado “paro nacional”.

Ondeando banderas de Guatemala, utilizando silbatos y redoblantes y portando mantas en las que expresan su rechazo a la corrupción e impunidad, los guatemaltecos recorrieron las calles y avenidas hasta converger en la plaza.

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Peticiones

Lo que se da este #20S es una expresión ciudadana de rechazo a las acciones de algunos legisladores y del mandatario Morales en las últimas semanas.

Uno de los aspectos por los cuales se pronunció la población fue el intento de expulsión de Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Morales lo declaró non grato y ordenó su retiro del país; sin embargo, por fallo de la Corte de Constitucionalidad, su decisión quedó suspendida.

Por aparte, el Ministerio Público (MP) y la CICIG presentaron una solicitud de antejuicio contra el mandatario por supuesto financiamiento electoral ilícito; la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio trámite a la misma y la trasladó al Congreso.

Se designó una comisión pesquisidora que emitió un informe en el cual recomendaba que el presidente fuera sometido a la justicia común; sin embargo, 104 parlamentarios votaron en contra de que se le retirara la inmunidad, situación que generó descontento en la población.

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Y, la semana pasada, se conoció que Morales cobraba un bono mensual de Q50 mil del Ejército, mismo que según expertos, es “ilegal” porque el gobernante no es trabajador del Ministerio de la Defensa.

Posterior a ello, los diputados sorprendieron cuando, de urgencia nacional, aprobaron modificaciones al Código Penal, enfocadas en la conmutación de penas y el financiamiento electoral ilícito, esto último para eximir de responsabilidades a los candidatos a cargos públicos y secretarios generales de los partidos políticos.

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Estos hechos generaron una ola de indignación en los guatemaltecos, quienes hoy, tal como ocurrió en 2015, hicieron de la plaza un escenario para hacer saber a los funcionarios que “el pueblo unido, jamás será vencido”, y que debe existir justicia ante lo que ha ocurrido.

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MENSAJE DE ITABIRA

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              A LOS COMPAÑEROS CICM DE PARTE DE LA COMISIÓN JPIC-LAC

Itabira, Brasil, 28-30 noviembre 2017

Nosotros, miembros de la Comisión Provincial de Justicia y Paz e Integridad de la Creación, (JPIC), de la  Provincia CICM-LAC, reunidos en Itabira – Minas Gerais, Brasil, del 28 al 30 de noviembre del 2017, debutamos nuestro encuentro dedicándolo a la memoria de nuestro compañero Léon Delanoy, Cicm, quien paso su vida misionera en República Dominicana, consagrado al servicio de la Justicia y la Paz en la Conferencia de Religiosos y Religiosas de la RD, CONDOR, y que nos dejó el 04/05/ 2017. Paz a su alma.

Comenzamos la reunión con el análisis de la Provincia en lo que concierne la JPIC y los derechos humanos de cada entidad.

Brasil describió la situación que prevalece actualmente, después de un análisis crítico de lo que condujo al « impeachment de la presidenta Dilma Roussef. La situación política en Brasil es tan compleja que deja a la población perpleja. La corrupción llamada « Lava Jato », la injusicia y la impunidad, la violencia, el tráfico de drogas y e influencias, etc. son plagas que devoran la política y la sociedad de hoy. Sin embargo, el Ministerio Publico y la Policía Federal persiguen a los corruptos, a pesar de la parcialidad de la Corte Suprema de Justicia.

La República Dominicana, en cuanto a ella, resalto los desafíos de la inmigración, principalmente de haitianos y venezolanos, y los problemas ligados al desarrollo. Además, el caso de la corrupción de la empresa brasileña Odebrecht ha afectado la política y el mundo de los negocios en RD (92 millones de dólares desviados de los contratos para obras públicas). Esto ha despertado la conciencia de la población, anteriormente indiferente ante la corrupción, y ha respondido a la « Marcha Verde », iniciativa de los movimientos de la sociedad civil para luchar contra la corrupción.

En Guatemala, el modelo económico actual que controla la fuerza de trabajo y priva a la población de los bienes económicos aumenta la pobreza. Al mismo tiempo, la reducción del presupuesto nacional hace que el Estado sea incapaz de hacerle frente a las necesidades crecientes de la población.  Por otro lado, se ha visto como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Publico están tratando de combatir la corrupción y la impunidad que han dominado la vida pública del país. Guatemala es también hoy en día la ruta de la migración para aquellos que buscan llegar a los Estados Unidos por México, lo cual es un verdadero desafío que requiere una respuesta de parte de los compañeros.

Por último, Haití expuso la situación después de las elecciones del nuevo presidente Joven el Moise. No hubo una tasa elevada de participación en las elecciones lo cual ilustra desde ya la grave crisis por la que atraviesa el país. El actual presidente representa sobre todo los intereses de la burguesía. La oposición está dividida y no presenta alternativas para el país. La población se ha vuelto indiferente ante esta situación y no llega a manifestarse a causa de la politización extrema de las posiciones. La emigración de jóvenes hacia Chile y Brasil es inquietante. Sin embargo, una cierta toma de conciencia se abre camino como lo muestra la oposición popular al presupuesto del Estado y a la corrupción. La sociedad civil puede jugar un papel importante en el futuro.

Estos intercambios sobre las diversas situaciones, en lugar de desanimarnos, nos han estimulado y han reanimado nuestra esperanza, porque ellos nos hacen ver que no todo está perdido.

Constatamos, en efecto, que hay iniciativas que se realizan para hacerle frente a estos desafíos. Enumeramos algunas de ellas : pequeñas iniciativas a nivel de la sociedad civil, iniciativas inspiradas en la economía solidaria, la agricultura ecológica y familiar, la acogida y el cuidado que se brinda a los migrantes, el apoyo de la Iglesia Católica, en ciertos países, a las reivindicaciones populares, etc.

¿Y qué del compromiso CICM frente a estos desafíos? ¿Cuáles son nuestras respuestas? Ciertamente, las respuestas varían según cada entidad.

Frente a los hechos constatados, nosotros hemos observado que el compromiso de los compañeros se realiza de manera personal (sea colaborando con instancias de la Conferencia Episcopal, sea con aquellas de Religiosos y Religiosa), los compañeros llegan a compartir más fácilmente entre ellos sobre su compromiso en JPIC en RD; en general, el trabajo JPIC se hace según las sensibilidades personales. Durante nuestros intercambios, una pregunta llamo nuestra atención y suscito en nosotros una interpelación: ¿Cómo evaluar nuestra práctica de la justicia de cara al personal que nos presta un servicio en nuestras casas, nuestras parroquias y nuestras escuelas?

La reunión reflexiono igualmente sobre el proceso de preparación del ultimo Capitulo General de nuestra Congregación: las Asambleas Provincial y Regional, y sobre lo que el mismo 15º Capitulo General reflexiono sobre JPIC dentro de la misión. En la Asamblea Provincial, las reflexiones nos fueron llevando a comprometernos con los migrantes y refugiados, y en la preparación de los compañeros para responder a este desafío. El Capitulo General hizo una declaración sobra la « Laudato Si ».  Este documento nos interpela sobre la necesidad de la « conversión ecológica » y a tener un enfoque ecológico integral en nuestra vida. Por tanto, depende de cada compañero y entidad ver cómo profundizar el estudio de este documento, así como el compromiso en el campo de la ecología relacionada con la justicia social.

Al final, muchos documentos fueron actualizados: el plan estratégico de JPIC-LAC, la lista de fechas importantes a celebrar a lo largo del año y los recursos para la formación permanente en el campo de Justicia, Paz e Integridad de la Creación. Una página web JPIC-LAC estará pronto a la disposición de todos.

La Comisión JPIC-LAC ha finalmente subrayado la necesidad y la importancia de los temas relacionados a JPIC en nuestro compromiso misionero. Ello exige un buen análisis permanente de la coyuntura para conocer y evaluar correctamente la realidad en cada uno de nuestros países de misión.

Nosotros les agradecemos su compromiso en el campo de JPIC y su dedicación al servicio de la Misión confiada a CICM. Les deseamos un fructuoso tiempo de Navidad y un Ano Nuevo 2018 lleno de gracia y de bendición del Señor.

Itabira, Minas Gerais, en la fiesta de San Andrés, Apóstol y Mártir, 2017.

JAN HANSSENS                                                                                              FELIPE BANEGAS  JPIC – HA, COORDINATOR                                                                                 JPIC – GUAMEX

QUITERIO GALVÁ LAMARCHE                                                                                                                     JPIC – RD                                                              JUSTIN MUNDUALA TCHIWALA                                                                                                                       JPIC – BRA